Las comunidades autónomas recibirán 1.389 millones para la rehabilitación residencial en 2022

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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha activado el proceso para transferir 1.389 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a las comunidades autónomas y ciudades autónomas para la rehabilitación residencial. A esta cantidad, que se transferirá en 2022, se suman 500 millones de euros para la promoción de vivienda en alquiler social en edificios energéticamente eficientes en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el año 2023.

Rehabilitación residencial


El Gobierno ha aprobado transferir a lo largo de este año 1.389 millones de euros de los fondos europeos a las comunidades autónomas para la rehabilitación residencial.
La intención del Ejecutivo es poner en marcha cuanto antes este importe consignado de 1.389 millones de euros para este año 2022 para las actuaciones de rehabilitación residencial cuya transferencia va a depender de la acreditación que vayan haciendo de la publicación de las distintas convocatorias de ayudas, así como de la suscripción de los acuerdos bilaterales. Para ello, se elevará a Consejo de Ministros el correspondiente acuerdo para su autorización y se convocará una nueva Conferencia Sectorial para iniciar el proceso de las transferencias correspondientes en este ejercicio 2022.

Por otro lado, en el acuerdo a elevar a Consejo de Ministros para su autorización también constará el criterio de reparto de 500 millones de euros correspondiente para el ejercicio 2023, para la promoción de vivienda en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

En ambos supuestos el criterio de reparto se realizará en proporción al número de hogares de la Encuesta Continua de Hogares (INE) referida al año 2020 (publicada el 7 abril de 2021), y siempre sujeto al cumplimiento de los objetivos por parte de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

Objetivos


El objetivo de estas partidas es conseguir responder a la necesidad de adaptar el parque de edificios y viviendas en España a los retos nacionales y europeos en materia de sostenibilidad, en entornos urbanos y rurales, teniendo en cuenta sus características y su gran potencial de mejora, e implicando también al sector empresarial en estas actuaciones.

Para ello, se han puesto en marcha diferentes instrumentos que conforman un marco de apoyo a la actividad de rehabilitación, de manera que los programas de ayuda se complementan con medidas que mejoren el acceso a la financiación para acometer las actuaciones, fiscalidad favorable, y que permitan alcanzar las metas establecidas de renovación del parque edificatorio residencial.

Todas estas medidas están contempladas en la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, recientemente aprobada en las Cortes Generales y publicada en el Boletín Oficial del Estado.

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Rehabilitación y promoción de vivienda en alquiler


Desde el Ministerio se transfirieron el año pasado 1.151 millones de euros para poner en marcha los programas de ayuda de rehabilitación residencial. Además, en el primer trimestre de este año 2022 se transfirieron 500 millones de euros para promover viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, y se continuó con la transferencia de los 480 millones de euros que comenzaron en diciembre de 2021 para la rehabilitación de los edificios públicos de las administraciones autonómicas.

De esta forma, las comunidades autónomas disponen ya de 2.131 millones de euros, en el marco de los Fondos Europeos, para conseguir el impulso de las actuaciones de rehabilitación y mejora del parque edificatorio, tanto en ámbitos urbanos como rurales, con el marco estratégico de la Agenda Urbana Española, y asegurando la máxima ambición en el ámbito de la energía y la sostenibilidad.

Con estas actuaciones, se pretende favorecer acciones integrales que contribuyan a mejorar la calidad, el estado de conservación, la accesibilidad y la digitalización de los edificios, así como fomentar la construcción de vivienda en alquiler social con estándares de la máxima calidad y eficiencia.

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