La negociación de la Directiva de Eficiencia Energética de la Edificación continúa en Europa

Europa está debatiendo qué propietarios deberán realizar reformas en sus viviendas antes de venderlas o alquilarlas. Se está negociando la Directiva de Eficiencia Energética de la Edificación, que busca recalibrar las diferentes letras del certificado de eficiencia energética y establecer normas mínimas obligatorias de eficiencia energética para abordar la ineficiencia del 15% del parque inmobiliario español.

Después del acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo el pasado mayo sobre la reforma de la Directiva, las instituciones europeas (Parlamento, Comisión y Consejo) están discutiendo los detalles de su implementación.

El objetivo es establecer normas mínimas armonizadas de eficiencia energética en la vivienda en todos los países de la Unión Europea. Se busca un sistema de calificaciones comunes y objetivas, considerando las condiciones climáticas específicas de cada región. Sin embargo, surge la dificultad de decidir cómo se llevará a cabo esta armonización.

Las instituciones europeas tienen posturas divergentes sobre las normas mínimas y los plazos. La Comisión Europea propone que, para 2030, todas las viviendas europeas alcancen una calificación mínima de letra F, y para 2033 una calificación E. El Consejo de la Unión Europea propone que cada país decida qué porcentaje de viviendas construidas debe actuar con urgencia para 2030, manteniendo la calificación G para las peores viviendas. El Parlamento Europeo propone una calificación mínima de letra E para 2030 y letra D para 2033.

La aplicación de las normas mínimas también es objeto de debate. Existe ambigüedad en el texto actual de la Comisión, ya que plantea la obligación de rehabilitar las viviendas con calificación mínima de letra F, pero también sugiere que la rehabilitación se realice cuando haya condiciones desencadenantes, como la venta o el alquiler de la vivienda.

Además, se discuten los plazos de ejecución y la validez temporal de los certificados de eficiencia energética. La Comisión propone que la armonización de los certificados sea efectiva en 2025, mientras que el Consejo de la Unión Europea solicita que se aplique en 2026, otorgando más tiempo a los estados para aprobar sus planes de renovación. El Parlamento Europeo coincide con la Comisión en la aprobación para 2025, pero vinculada a la reescala de todas las letras del certificado energético.

Otro punto de conflicto es la duración de la certificación energética. Actualmente, los certificados tienen una validez de diez años, independientemente de la calificación obtenida. La Comisión propone reducir a cinco años la validez para las calificaciones por debajo de C, y mantener una década para las tres primeras letras. El Consejo de la Unión Europea defiende mantener un plazo de diez años en todos los casos.

Estas discusiones en el marco de la Directiva de Eficiencia Energética de la Edificación plantean incógnitas y decisiones importantes para Europa, que marcarán el ritmo y las exigencias para lograr los objetivos de descarbonización en el continente.

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